Fraude masivo al consumidor en el reciclaje de los electrodomésticos

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El Consejo de Estado denuncia que los fabricantes se apropian de 200 millones al año y solo dedican a tratar aparatos viejos un 21% de lo que cobran por ello. Dos terceras partes de los residuos electrónicos acaban en el chatarrero ilegal

Los fabricantes de electrodomésticos han protagonizado en la última década un fraude masivo y continuado a los ciudadanos que el Consejo de Estado cifra en más de 200 millones al año, al apropiarse de forma indebida del canon que cobran a cambio de hacerse cargo del reciclaje de los aparatos —entre cinco y 30 euros por pieza—. El reciclaje cuesta dinero, así que la sospecha de esta institución es que muchas empresas, para evitar ese gasto e incluso para engordar sus ingresos, han obviado la ley que les obliga a hacerse cargo de los viejos electrodomésticos. Por un lado han permitido que los aparatos usados se hayan desviado a chatarreros ilegales y plantas sin la tecnología necesaria para extraer los componentes contaminantes y por otro habrían invertido directamente el canon en fondos de inversión. Basta un dato: las grandes marcas solo han destinado al reciclaje de residuos 65 de los 300 millones que han cobrado cada ejercicio, un exiguo 21%.

El dictamen del Consejo de Estado sobre este fraude que investiga la Fiscalía de Medio Ambiente, es contundente: “No se ha destinado lo recaudado a la recogida de los residuos que se han venido generando, no conociéndose el destino del mismo, por lo que se está investigando si pudiera inferirse algún tipo de fraude económico”, refleja la resolución del pasado 5 de febrero, basada en un informe del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. “El destino del resto del dinero es desconocido, puede que se encuentre en inversiones bancarias (fondos de inversión) o destinados a los beneficios netos de los productores o dedicados a futuribles gestiones de residuos”, vaticina el informe. Parte de estas tasas para el reciclaje se han convertido en provisiones de fondos invertidos en deuda pública y privada de países europeos como Alemania y Finlandia.

La ley determina que los productores son responsables del correcto reciclaje de los electrodomésticos —en aplicación del principio de quien contamina paga—para lo que crearon hace 10 años unos organismos sin ánimo de lucro denominados Sistemas Integrales de Gestión (SIG), que deben asegurarse de que los aparatos usados son desguazados en plantas autorizadas. Pero la realidad es que, desde entonces, dos terceras partes de los residuos han acabado en chatarreros sin permisos y plantas no preparadas para el proceso de reciclaje. De esta forma, las cunetas y vertederos del país están plagados de residuos electrónicos. Resultado: España es el antepenúltimo gran país de Europa en reciclaje, solo por delante de Rumanía y Grecia. En 2012 se recogieron 3,3 kilos de residuos electrónicos por habitante y año, seis veces menos que la cuota que recicló Noruega (20 kilos), según datos de Eurostat.

Las grandes marcas admiten que solo se recicla correctamente un tercio de los aparatos usados

Para hundir aún más la estadística, en 2013 la Organización de Consumidores (OCU) escondió GPRS en 16 aparatos depositados en los puntos limpios para localizarlos en su periplo antes de ser desguazados. La conclusión fue demoledora y solo cuatro finalizaron en las plantas autorizadas. El resto, acabó en vertederos o almacenes ilegales.

España figura a la cola de Europa con la menor cuota de recogida de residuos electrónicos, 3,3 kilos por habitante y año

Al comprar un electrodoméstico, el consumidor no puede ver reflejado en la etiqueta del precio el impuesto cobrado por reciclaje, que oscila entre 5 y 30 euros. Pero esa tasa invisible sí está incluida en la factura del fabricante al distribuidor. EL PAÍS ha accedido a decenas de facturas y catálogos destinados a las tiendas y grandes superficies para comprobar este sobreprecio. De este modo, si en 2014 se vendieron 1.231.200 frigoríficos según la patronal Anfel, los consumidores han abonado 30 millones a una media de 25 euros por cada unidad. El presupuesto de Ecotic, el segundo mayor SIG que aglutina marcas de línea blanca principalmente (frigoríficos, lavadoras, lavavajillas), ascendió a solo 14 millones el año pasado. El Consejo de Estado censura este “margen fijo de beneficio adicional para el productor” derivado de la tasa y que no ha aportado “beneficios ambientales”.

Escena aérea de una operación policial contra el triturado ilegal de frigoríficos.

El circuito del reciclaje tiene demasiadas grietas. Las bandas asaltan los puntos limpios, que a menudo carecen de medidas de seguridad, para robar los electrodomésticos y vender sus metales por entre 10 y 30 euros. A veces se apostan en la entrada de estos depósitos para convencer a los ciudadanos de que ellos los reutilizarán y lograr que se los cedan, en vez de tirarlos. Pero el agujero más grande y habitual ocurre a diario en las casas: cuando un consumidor compra un nuevo frigorífico, el transportista le ofrece llevarse el aparato viejo escaleras abajo. El cliente consiente y el transportista lo revenderá a un chatarrero sin ningún control por parte del fabricante, la tienda del pueblo o la gran superficie, que ignoran su destino. De este modo, a diario se rompe la cadena del correcto reciclaje y el chatarrero o las bandas organizadas extraen el cobre y otros metales valiosos, liberando gases contaminantes a la atmósfera y abandonando los residuos en los descampados.

La Guardia Civil ha acusado a más de 200 personas por triturar frigoríficos

La Guardia Civil ha desarrollado varias operaciones en los últimos años que suman más de 200 imputados por delitos contra el medio ambiente. Principalmente contra bandas que trituraban frigoríficos sin extraerles los gases peligrosos de efecto invernadero que dañan la capa de ozono. Y a pesar de que la labor policial no abarca este ingente problema, poco a poco afloran los resultados. La Audiencia de Madrid condenó recientemente a cuatro empresarios por delito medioambiental a penas de cuatro años de cárcel y la Fiscalía de Zaragoza pide ahora siete años de cárcel para el principal empresario aragonés del sector, al que acusa de estafa.

El Gobierno ha cambiado la ley para intentar revertir el desolador escenario

Para dar un vuelco a este escenario, y tras las presiones de Bruselas, el Gobierno acaba de publicar un nuevo Real Decreto que logre una “total transparencia” de las finanzas de los productores y evitar que “ni los sistemas [SIG] ni los productores falseen sus costes de gestión al informar a los consumidores”. La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Guillermina Yanguas, rechaza posicionarse sobre el destino del impuesto para el reciclaje, y hace hincapié en la nueva plataforma que debe asegurar la trazabilidad de los aparatos: “Para el Ministerio lo relevante es que se recolecte más”.

El nuevo diseño de gestión de residuos pivota en torno a una gran plataforma informática en la que todos los actores implicados deberán incluir el código de cada residuo, para no perderle la pista y evitar que acabe hecho trizas en una cuneta. “A menor exigencia de descontaminación del aparato, menor coste y mayor competitividad. El proceso más barato de un residuo es siempre no tratarlo”, ilustran fuentes del sector.

Alberto Zapatero, director general de Anfel, la asociación de fabricantes e importadores de electrodomésticos, defiende que las firmas retengan ese margen de beneficios, que considera una provisión de fondos para el reciclaje de los aparatos comprados desde 2005 que aún no son considerados residuos. “Cada productor pensará qué hacer con esas provisiones de fondos (…) No es un dinero que se tenga que devolver”, arguye. Zapatero desprecia el informe del Consejo de Estado que denuncia el presunto fraude: “Son habladurías que ha recibido el Ministerio, que se hace eco de diferentes argumentos”.

En 2008 ya ocurrió en Francia una polémica parecida con la entidad Eco-Emballages por la pérdida de 20 millones destinados al reciclaje de envases que habían sido invertidos en sociedades off-shore de las Islas Caimán. El desastroso resultado derivó en la destitución de su director general y la apertura de una investigación judicial.

El gerente del principal SIG, la Fundación Ecolec, Luis Moreno, alega: “Yo no tengo el dinero de los productores. Ellos me pagan por contrato el 100% de mis gastos (…) Poco a poco estamos metiendo en el redil a las cadenas de distribución. Pero yo no puedo ir por ejemplo a Electrónica Pepe y ponerle una pistola en el pecho para que recicle adecuadamente”.

El nuevo escenario para hacer desaparecer ese circuito alternativo ilegal se retrasará aún unos meses, hasta que la plataforma informática esté operativa. Entonces cada electrodoméstico tendrá un número de registro para evitar que la cadena de custodia se rompa antes de que sus componentes sean separados al final de su vida. Sin embargo, la vigilancia para que todos los actores cumplan con la plataforma corresponde a las comunidades autónomas, que disponen de escaso personal para la tarea. “Nos requiere un esfuerzo muy importante en logística para garantizar que la trazabilidad siga viva”, apunta Javier Millán Astray, director general de Anged, Asociación de Grandes Empresas de Distribución.

Diferencia entre el triturado ilegal de residuos y el desguace manual en una planta autorizada.

Una novedad legal introducida por el Ministerio y que persigue alargar la vida útil de los aparatos es la obligación de reutilizarlos. En solo dos años, los fabricantes deben preparar para su reutilización entre un 2% y un 4% de los electrodomésticos, porcentaje que crece entre 2017 y 2018. Desde entonces, las marcas deben confirmar ante el Gobierno que la segunda vida de los aparatos es una realidad. De momento ya hay empresas que están adecuando sus instalaciones para absorber este gran número de aparatos, que generará empleo. “Se estima que la preparación para la reutilización de aparatos electrónicos crea 296 puestos de trabajo por cada 10.000 toneladas de material reciclado y que el reciclado de 1.000 toneladas de residuos electrónicos crea 15 puestos de trabajo y 200 puestos de trabajo si se prepara para la reutilización”, reza la nueva norma.

Cuando el consumidor compra un neumático, en la factura viene reflejado el impuesto que paga por su futuro reciclaje. Sin embargo, el Gobierno no ha estimado que esto favorezca la concienciación ciudadana en el caso de los electrodomésticos, y finalmente las presiones de los fabricantes, que reconocen que llevan “dos años de intenso lobby”, han surtido efecto.

Siete años de cárcel por estafa al triturar frigoríficos

La Fiscalía de Zaragoza dio un paso más tras la última operación por el reciclaje irregular de frigoríficos: le pide siete años cárcel a Valero López, cliente número uno de los SIG (las entidades creadas por los fabricantes) y el empresario que aglutina el mayor número de electrodomésticos de España. El ministerio público ha sumado la estafa al delito medioambiental en su escrito de calificación, petición a la que suma una fianza civil de seis millones de euros. “Yo estoy viendo todos los días el panorama… ¡y no sé si la fiscalía está untada!”, dispara el empresario. “Pruebas no tienen, sino que son estudios teóricos y nosotros hemos aportado estudios prácticos. Es su palabra contra la nuestra”, añade desafiante López.

Los SIG envían a coste cero frigoríficos a su planta aragonesa Valorfrío desde todas las regiones del país excepto Cataluña y Andalucía, cuando el resto de plantas cobran unos 15 euros por unidad. ¿Cómo es posible esta clara diferencia de precios? “Haciendo inversiones de siete millones y teniendo solo a seis trabajadores. Vamos a pulmón familiar”, defiende el empresario.

El director general de Ecolec, Luis Moreno, principal cliente de López, aduce que López aún no ha sido condenado por un tribunal. “Todo lo que hace para mí lo hace con autorización ¿por qué debería cambiar? Auditamos las plantas con las que trabajamos”.

A pesar de que los SIG fueron creados “sin ánimo de lucro” según figura en sus estatutos, en 2010 estas entidades rompieron el mercado y la operativa tradicional se invirtió. Desde ese año, las plantas de reciclaje pagan por cada lavadora que los SIG transportan. Es decir, que el fabricante recibe dinero por el consumidor y al mismo tiempo su sistema integral de gestión (SIG) cobra cinco euros por cada lavadora vieja cuando esta se convierte en residuo. Es un círculo perfecto de doble dirección y doble ingreso.

Fuentes de la fiscalía explican la razón de las irregularidades detectadas en multitud de plantas. “Un frigorífico cuesta más de 40 euros y machacarlo (sin extraerle antes los gases contaminantes) cuesta tres euros. Una vez hecho nadie se entera (…) Hay mucho dinero en juego y es un compañero de viaje peligroso”.

Andalucía ‘olvida’ una multa de 122.000 euros a los fabricantes durante tres años

La Junta de Andalucía ha retrasado el cobro de una multa de 122.000 euros impuesta a Ecolec, el mayor sistema integral de gestión, por falsear la información de los residuos gestionados e incumplir la recogida selectiva de aparatos, tal y como le obliga la ley. El Ejecutivo autónomo publicó la sanción (rebajada desde la cuantía inicial de 143.000 euros) en el Boletín de la Junta de Andalucía (BOJA) el 16 de abril de 2012, pero el cobro no se ha ejecutado hasta hoy. ¿Por qué? La razón sigue siendo un misterio porque la Consejería de Medio Ambiente, que debía ejecutar el cobro de la multa a través de Hacienda, no encuentra una explicación. “No lo sé. Entiendo que pasó al ámbito de la secretaria general técnica. Lo lógico es que le hubieran exigido el pago de la multa”, alega el ex director general de Calidad y Prevención Ambiental Jesús Nieto, responsable de la multa.

Tras la sanción, Ecolec recurrió y logró rebajarla, pero luego la Junta andaluza olvidó cobrar el dinero. El pasado enero uno de los socios de Ecolec, el fabricante LG, reclamó al Ejecutivo autónomo un certificado para demostrar que no había cobrado la multa, ya que había pagado de manera preventiva a Ecolec una provisión de fondos y quería recuperarla. LG abandonó Ecolec por los problemas de una gestión turbia que arrastraba la anterior gestión de José Ramón Carbajosa. Y gracias a este solicitud de LG, la Consejería se percató de la sanción impagada y hace solo 15 días la ha reclamado antes de que prescriba, ya que la ley le otorga tres años, que cumplen dentro de una semana. Este alarmante retraso ha provocado incluso un cambio interno en dicha Consejería para evitar que los impagos se repitan en el futuro.

Los SIG intentan eludir el control de su gestión desde las Gobiernos regionales, y por eso han recurrido ante la jurisdicción contencioso administrativa el Reglamento de Residuos que impulsó la Junta de Andalucía en 2012, norma que obliga a estas entidades a presentar informes anuales sobre su gestión con una auditoría externa independiente.

Junto a la Junta andaluza, la Generalitat catalana ha perseguido la patente dejación de funciones desde los SIG, y ha multado a cuatro de ellos. Ecolec acapara la mayor sanción por incumplir los objetivos de recogida por un total de 300.000 euros, rebajada a la mitad. “El objetivo no es multar, sino que la gente cumpla. Hay que multar los incumplimientos pero también bonificar las buenas prácticas. Los SIG han dado cifras y cuando no han cuadrado hemos inspeccionado”, relata Josep María Tost, director de la agencia de residuos de Cataluña.

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