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La condena del chatarrero: criminalizando la miseria

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/31823-la-condena-del-chatarrero-criminalizando-la-miseria.html

Aumentan los procedimientos penales contra las personas que recolectan desechos electrónicos de la basura.

10/10/16 · 12:25
Muchos chatarreros se enfrentan a cargos de delito leve de hurto y hasta de robo con fuerza / David Fernández

Desde que la crisis económica golpeara a nuestro país, hemos visto cómo en las grandes ciudades se multiplicaba el paro y la pobreza, y con ella, las personas que piden dinero en la calle para poder subsistir, las que rebuscan alimentos caducados en las basuras de los supermercados, y las que recogen cartón, papel, o componentes electrónicos desechados por sus propietarios, basuras que, sin embargo, tienen un valor económico para quien las sepa aprovechar.

En este artículo me quiero referir a estos modernos ‘chatarreros tecnológicos’, que ejercen su labor en franca competencia con los sistemas municipales de recogida de residuos –como también les ocurre a los recogedores de papel– y que en muchas ocasiones optan incluso por “sustraer” la basura de estos mismos enclaves, lo que motiva que los empleados de las empresas concesionarias denuncien tales “sustracciones” ante la policía.

Esta práctica está dando lugar a cada vez más procedimientos penales, tramitados como delitos leves de hurto –antiguas faltas–, o incluso como robo con fuerza, si por ejemplo la persona que “sustrae” el residuo tecnológico lo hace tras saltar la valla del punto limpio, o huye así del lugar, previéndose el castigo de estas conductas con la pena de uno a tres años de prisión.

La primera línea de defensa, obvia, de estos nuevos chatarreros a los que el sistema pretende definir como delincuentes es que los bienes que recogen son basura, han sido abandonados por sus dueños legítimos y, por ello, son ‘res nullius’, esto es, no pertenecen a nadie, por lo que no puede predicarse que estamos ante un ataque a la propiedad si no existe tal propiedad. Esta tesis ha sido efectivamente acogida por alguna sentencia, como ésta de la Audiencia Provincial de Madrid, o ésta otra de la de Vizcaya.

Sin embargo, esta línea es minoritaria y los jueces han optado en su inmensa mayoría por castigar estas conductas como delitos contra el patrimonio, entendiendo que en realidad existe una cesión a la empresa de gestión de recursos de modo que es a esta concesionaria a quien se está sustrayendo una propiedad. Un ejemplo de esta línea mayoritaria la tendríamos en esta sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, o ésta de la de Cantabria.

En el caso de Madrid, además, se ha desarrollado una línea jurisprudencial más elaborada (quien tenga curiosidad puede leerla en detalle aquí), que parte del reconocimiento de la propiedad de los residuos urbanos a favor de los municipios que recoge el artículo 28.2 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de Residuos de la Comunidad de Madrid, de modo que nuestro chatarrero, que pensaba que estaba recogiendo basura, en realidad se dedica a robársela al Ayuntamiento.

El problema de esta teoría, si así puede llamarse, es que el concepto de ‘residuo urbano’ que recoge esa misma ley (artículo 4.2) es tan amplio que convierte en delincuentes a quienes rebuscan en las basuras de los restaurantes o de los supermercados en busca de comida; e igualmente resultan ser malvados criminales quienes recogen muebles o enseres que sus propietarios abandonan en la vía pública, pues tanto la comida caducada de la basura, como la silla desencolada, o el gastado sofá abandonado en la vía pública, son todos, según la ley, residuos urbanos y, como tal, propiedad del Ayuntamiento.

Cualquier persona con un mínimo de sentido común rechazaría una teoría con cuya aplicación se criminaliza a las personas que, para poder alimentarse, recogen comida caducada en una basura de una gran ciudad; el Poder Judicial en cambio, como ocurre siempre que no se siente cómodo con sus propias elaboraciones doctrinales, intenta superar la teoría controvertida sin negarla, elaborando nuevas propuestas complementarias como ésta, a mi juicio un tanto absurda, en la que hace depender la condena de un pronóstico futuro sobre la valorización del concreto residuo sustraído por la empresa gestora, lo que no es sino una manera un tanto artificiosa de chutar hacia adelante el balón.

En realidad, la solución técnica es mucho más sencilla: el Código Penal recoge, en su artículo 326.1 y como delito contra el medio ambiente, precisamente la conducta de apropiarse o distraer residuos, pero exige para su castigo que la acción ponga en peligro “la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas, muerte o lesiones graves a personas, o puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales”, algo que parece excede con mucho de lo que hace nuestro moderno chatarrero.

Como el Código Penal no recoge una conducta similar de ‘distracción de residuos’ sin exigir este grave daño o peligro medioambiental, concluiremos que la actividad que analizamos no está prevista en el Código Penal, por lo que sólo debería ser castigada, en su caso, desde el ámbito administrativo y con una simple multa.

El capitalismo, como el Rey Midas, convierte en oro hasta la basura

Sin embargo, desde una perspectiva más política, diríamos que el capitalismo, como el Rey Midas, convierte en oro hasta la basura, y hace negocio con los ingentes residuos que la sociedad de consumo genera, sin permitir que alguien distinto de los elegidos (las empresas concesionarias de la gestión de residuos) se apropie siquiera de las migajas de dicho negocio, aun cuando para ello tenga el poder judicial que disfrazarse de poder legislativo para castigar conductas que, como hemos visto, no aparecen como delictivas en nuestras leyes y carecen de reproche social.

Quizás desde esta perspectiva puramente ideológica y de clase resulte más entendible la actuación de los poderes públicos, que ni siquiera fingen que reprimen una conducta aparentemente dañina del medio ambiente; se trata, sencillamente, de proteger el vil metal, de cuidar el negocio de los de siempre y de ahí que las conductas se castiguen como delitos contra el patrimonio.

Una vez más, en definitiva, y como ocurre con el ‘top manta’, con las ocupaciones de viviendas abandonadas, o con los pequeños hurtos, los poderes públicos se muestran inflexibles, incluso como en este caso mediante teorías alambicadas y discutibles, persiguiendo duramente a quienes simplemente buscan sobrevivir en los márgenes de un sistema que los expulsa, mientras que resultan serviles y genuflexos con los poderosos.

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Tu nevera acabará en un vertedero

http://elpais.com/elpais/2015/10/15/ciencia/1444912109_345776.html

La basura electrónica está fuera de control: el 80% de estos residuos contaminantes, 600.000 toneladas, se desconoce donde acaban

Un operario, en la planta de Recyberica, durante el proceso de reciclaje / BERNARDO PÉREZ

España es el paraíso de la basura electrónica. El volumen de residuos no reciclados al año permitiría construir un muro de cuatro metros de altura de Madrid a Barcelona (504,91 kilómetros). 600.000 toneladas de neveras, frigoríficos o televisores son desguazados en plantas no autorizadas o canibalizados por mafias a golpe de martillo. No importa que contengan productos peligrosos y altamente contaminantes. Se abandonan en cualquier vertedero o arcén.

El informe CWIT del 30 de agosto de este año, que elabora la Interpol y la Universidad de las Naciones Unidas, entre otras instituciones, sitúa a España en la cola europea del reciclado, solo por delante de Rumania y Chipre. El 80% de estos residuos se desconoce dónde acaban. No solo supone un grave problema medioambiental y sanitario, también económico. En Europa, la pérdida directa, según el documento, se estima entre los 800 y 1.700 millones de euros.

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Mi vida, la chatarra

http://www.lavozdelsur.es/mi-vida-la-chatarra

Visitamos el desguace Puente del Duque, del Polígono Industrial El Portal, donde a diario centenares de personas llevan su chatarra para intentar llevarse un dinero a casa que les permita comer caliente.

 “La crisis nos ha favorecido”, afirma el encargado del negocio.

08-11-2014 /

“Dos kilos de cobre funda. DNI y pase por ventanilla. Ocho kilos de chapa. DNI y pase por ventanilla. Cinco y medio de latón limpio. DNI y pase por la ventanilla…” La letanía es prácticamente constante en el desguace Puente del Duque, del polígono industrial El Portal. Jesús Mora, el encargado, pesa cada día centenares de piezas de chatarra que traen a su vez otros tantos clientes con tal de llevarse un poco de dinero a casa. “Suena mal que lo diga, pero se podría decir que a nosotros nos ha venido bien la crisis. No sólo por la gente que viene aquí ahora, sino por la cantidad de empresas ligadas a la construcción que al cerrar tuvieron que vender todo lo que tenían”, afirma Jesús, de 50 años, toda la vida en un negocio, el del reciclaje, en el que ya empezó su bisabuelo allá por 1917, en Estancia Barrera, cuando por entonces lo que más se trabajaba eran trapos, gomas, vidrios huesos y lana.

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E-Waste Republic

http://interactive.aljazeera.com/aje/2015/ewaste/index.html

E-WASTE REPUBLIC

Jacopo Ottaviani

Photography and design: Isacco Chiaf

Over 40 million tonnes of electric and electronic waste (also known as e-waste) are produced worldwide every year. That is boundless heaps of refrigerators, computers, television sets, ovens, telephones, air conditioning units, lamps, toasters and other electric and electronic devices, with a total weight equal to seven times that of the Great Pyramid of Giza. The greatest producers of e-waste per person are the United States and the European Union, while developing countries, such as China, are producing an ever-increasing amount. Only a small part of this waste – about 15.5% in 2014 – is recycled with methods that are efficient and environmentally safe.

The West African country of Ghana, currently undergoing intense economic growth, is an important centre for receiving, re-using, recovering and disposing of electronic waste. Accra, the capital, hosts a thriving second-hand market, a sprawling network of repair shops, and a range of activities which attempt to tap into the full potential of e-waste. And yet, it is also the location of an enormous and heavily polluted electronic waste dumpsite.

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Fraude masivo al consumidor en el reciclaje de los electrodomésticos

http://politica.elpais.com/politica/2015/04/10/actualidad/1428685551_216233.html

El Consejo de Estado denuncia que los fabricantes se apropian de 200 millones al año y solo dedican a tratar aparatos viejos un 21% de lo que cobran por ello. Dos terceras partes de los residuos electrónicos acaban en el chatarrero ilegal

Los fabricantes de electrodomésticos han protagonizado en la última década un fraude masivo y continuado a los ciudadanos que el Consejo de Estado cifra en más de 200 millones al año, al apropiarse de forma indebida del canon que cobran a cambio de hacerse cargo del reciclaje de los aparatos —entre cinco y 30 euros por pieza—. El reciclaje cuesta dinero, así que la sospecha de esta institución es que muchas empresas, para evitar ese gasto e incluso para engordar sus ingresos, han obviado la ley que les obliga a hacerse cargo de los viejos electrodomésticos. Por un lado han permitido que los aparatos usados se hayan desviado a chatarreros ilegales y plantas sin la tecnología necesaria para extraer los componentes contaminantes y por otro habrían invertido directamente el canon en fondos de inversión. Basta un dato: las grandes marcas solo han destinado al reciclaje de residuos 65 de los 300 millones que han cobrado cada ejercicio, un exiguo 21%.

El dictamen del Consejo de Estado sobre este fraude que investiga la Fiscalía de Medio Ambiente, es contundente: “No se ha destinado lo recaudado a la recogida de los residuos que se han venido generando, no conociéndose el destino del mismo, por lo que se está investigando si pudiera inferirse algún tipo de fraude económico”, refleja la resolución del pasado 5 de febrero, basada en un informe del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente. “El destino del resto del dinero es desconocido, puede que se encuentre en inversiones bancarias (fondos de inversión) o destinados a los beneficios netos de los productores o dedicados a futuribles gestiones de residuos”, vaticina el informe. Parte de estas tasas para el reciclaje se han convertido en provisiones de fondos invertidos en deuda pública y privada de países europeos como Alemania y Finlandia.

La ley determina que los productores son responsables del correcto reciclaje de los electrodomésticos —en aplicación del principio de quien contamina paga—para lo que crearon hace 10 años unos organismos sin ánimo de lucro denominados Sistemas Integrales de Gestión (SIG), que deben asegurarse de que los aparatos usados son desguazados en plantas autorizadas. Pero la realidad es que, desde entonces, dos terceras partes de los residuos han acabado en chatarreros sin permisos y plantas no preparadas para el proceso de reciclaje. De esta forma, las cunetas y vertederos del país están plagados de residuos electrónicos. Resultado: España es el antepenúltimo gran país de Europa en reciclaje, solo por delante de Rumanía y Grecia. En 2012 se recogieron 3,3 kilos de residuos electrónicos por habitante y año, seis veces menos que la cuota que recicló Noruega (20 kilos), según datos de Eurostat.

Las grandes marcas admiten que solo se recicla correctamente un tercio de los aparatos usados

Para hundir aún más la estadística, en 2013 la Organización de Consumidores (OCU) escondió GPRS en 16 aparatos depositados en los puntos limpios para localizarlos en su periplo antes de ser desguazados. La conclusión fue demoledora y solo cuatro finalizaron en las plantas autorizadas. El resto, acabó en vertederos o almacenes ilegales.

España figura a la cola de Europa con la menor cuota de recogida de residuos electrónicos, 3,3 kilos por habitante y año

Al comprar un electrodoméstico, el consumidor no puede ver reflejado en la etiqueta del precio el impuesto cobrado por reciclaje, que oscila entre 5 y 30 euros. Pero esa tasa invisible sí está incluida en la factura del fabricante al distribuidor. EL PAÍS ha accedido a decenas de facturas y catálogos destinados a las tiendas y grandes superficies para comprobar este sobreprecio. De este modo, si en 2014 se vendieron 1.231.200 frigoríficos según la patronal Anfel, los consumidores han abonado 30 millones a una media de 25 euros por cada unidad. El presupuesto de Ecotic, el segundo mayor SIG que aglutina marcas de línea blanca principalmente (frigoríficos, lavadoras, lavavajillas), ascendió a solo 14 millones el año pasado. El Consejo de Estado censura este “margen fijo de beneficio adicional para el productor” derivado de la tasa y que no ha aportado “beneficios ambientales”.

Escena aérea de una operación policial contra el triturado ilegal de frigoríficos.

El circuito del reciclaje tiene demasiadas grietas. Las bandas asaltan los puntos limpios, que a menudo carecen de medidas de seguridad, para robar los electrodomésticos y vender sus metales por entre 10 y 30 euros. A veces se apostan en la entrada de estos depósitos para convencer a los ciudadanos de que ellos los reutilizarán y lograr que se los cedan, en vez de tirarlos. Pero el agujero más grande y habitual ocurre a diario en las casas: cuando un consumidor compra un nuevo frigorífico, el transportista le ofrece llevarse el aparato viejo escaleras abajo. El cliente consiente y el transportista lo revenderá a un chatarrero sin ningún control por parte del fabricante, la tienda del pueblo o la gran superficie, que ignoran su destino. De este modo, a diario se rompe la cadena del correcto reciclaje y el chatarrero o las bandas organizadas extraen el cobre y otros metales valiosos, liberando gases contaminantes a la atmósfera y abandonando los residuos en los descampados.

La Guardia Civil ha acusado a más de 200 personas por triturar frigoríficos

La Guardia Civil ha desarrollado varias operaciones en los últimos años que suman más de 200 imputados por delitos contra el medio ambiente. Principalmente contra bandas que trituraban frigoríficos sin extraerles los gases peligrosos de efecto invernadero que dañan la capa de ozono. Y a pesar de que la labor policial no abarca este ingente problema, poco a poco afloran los resultados. La Audiencia de Madrid condenó recientemente a cuatro empresarios por delito medioambiental a penas de cuatro años de cárcel y la Fiscalía de Zaragoza pide ahora siete años de cárcel para el principal empresario aragonés del sector, al que acusa de estafa.

El Gobierno ha cambiado la ley para intentar revertir el desolador escenario

Para dar un vuelco a este escenario, y tras las presiones de Bruselas, el Gobierno acaba de publicar un nuevo Real Decreto que logre una “total transparencia” de las finanzas de los productores y evitar que “ni los sistemas [SIG] ni los productores falseen sus costes de gestión al informar a los consumidores”. La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Guillermina Yanguas, rechaza posicionarse sobre el destino del impuesto para el reciclaje, y hace hincapié en la nueva plataforma que debe asegurar la trazabilidad de los aparatos: “Para el Ministerio lo relevante es que se recolecte más”.

El nuevo diseño de gestión de residuos pivota en torno a una gran plataforma informática en la que todos los actores implicados deberán incluir el código de cada residuo, para no perderle la pista y evitar que acabe hecho trizas en una cuneta. “A menor exigencia de descontaminación del aparato, menor coste y mayor competitividad. El proceso más barato de un residuo es siempre no tratarlo”, ilustran fuentes del sector.

Alberto Zapatero, director general de Anfel, la asociación de fabricantes e importadores de electrodomésticos, defiende que las firmas retengan ese margen de beneficios, que considera una provisión de fondos para el reciclaje de los aparatos comprados desde 2005 que aún no son considerados residuos. “Cada productor pensará qué hacer con esas provisiones de fondos (…) No es un dinero que se tenga que devolver”, arguye. Zapatero desprecia el informe del Consejo de Estado que denuncia el presunto fraude: “Son habladurías que ha recibido el Ministerio, que se hace eco de diferentes argumentos”.

En 2008 ya ocurrió en Francia una polémica parecida con la entidad Eco-Emballages por la pérdida de 20 millones destinados al reciclaje de envases que habían sido invertidos en sociedades off-shore de las Islas Caimán. El desastroso resultado derivó en la destitución de su director general y la apertura de una investigación judicial.

El gerente del principal SIG, la Fundación Ecolec, Luis Moreno, alega: “Yo no tengo el dinero de los productores. Ellos me pagan por contrato el 100% de mis gastos (…) Poco a poco estamos metiendo en el redil a las cadenas de distribución. Pero yo no puedo ir por ejemplo a Electrónica Pepe y ponerle una pistola en el pecho para que recicle adecuadamente”.

El nuevo escenario para hacer desaparecer ese circuito alternativo ilegal se retrasará aún unos meses, hasta que la plataforma informática esté operativa. Entonces cada electrodoméstico tendrá un número de registro para evitar que la cadena de custodia se rompa antes de que sus componentes sean separados al final de su vida. Sin embargo, la vigilancia para que todos los actores cumplan con la plataforma corresponde a las comunidades autónomas, que disponen de escaso personal para la tarea. “Nos requiere un esfuerzo muy importante en logística para garantizar que la trazabilidad siga viva”, apunta Javier Millán Astray, director general de Anged, Asociación de Grandes Empresas de Distribución.

Diferencia entre el triturado ilegal de residuos y el desguace manual en una planta autorizada.

Una novedad legal introducida por el Ministerio y que persigue alargar la vida útil de los aparatos es la obligación de reutilizarlos. En solo dos años, los fabricantes deben preparar para su reutilización entre un 2% y un 4% de los electrodomésticos, porcentaje que crece entre 2017 y 2018. Desde entonces, las marcas deben confirmar ante el Gobierno que la segunda vida de los aparatos es una realidad. De momento ya hay empresas que están adecuando sus instalaciones para absorber este gran número de aparatos, que generará empleo. “Se estima que la preparación para la reutilización de aparatos electrónicos crea 296 puestos de trabajo por cada 10.000 toneladas de material reciclado y que el reciclado de 1.000 toneladas de residuos electrónicos crea 15 puestos de trabajo y 200 puestos de trabajo si se prepara para la reutilización”, reza la nueva norma.

Cuando el consumidor compra un neumático, en la factura viene reflejado el impuesto que paga por su futuro reciclaje. Sin embargo, el Gobierno no ha estimado que esto favorezca la concienciación ciudadana en el caso de los electrodomésticos, y finalmente las presiones de los fabricantes, que reconocen que llevan “dos años de intenso lobby”, han surtido efecto.

Siete años de cárcel por estafa al triturar frigoríficos

La Fiscalía de Zaragoza dio un paso más tras la última operación por el reciclaje irregular de frigoríficos: le pide siete años cárcel a Valero López, cliente número uno de los SIG (las entidades creadas por los fabricantes) y el empresario que aglutina el mayor número de electrodomésticos de España. El ministerio público ha sumado la estafa al delito medioambiental en su escrito de calificación, petición a la que suma una fianza civil de seis millones de euros. “Yo estoy viendo todos los días el panorama… ¡y no sé si la fiscalía está untada!”, dispara el empresario. “Pruebas no tienen, sino que son estudios teóricos y nosotros hemos aportado estudios prácticos. Es su palabra contra la nuestra”, añade desafiante López.

Los SIG envían a coste cero frigoríficos a su planta aragonesa Valorfrío desde todas las regiones del país excepto Cataluña y Andalucía, cuando el resto de plantas cobran unos 15 euros por unidad. ¿Cómo es posible esta clara diferencia de precios? “Haciendo inversiones de siete millones y teniendo solo a seis trabajadores. Vamos a pulmón familiar”, defiende el empresario.

El director general de Ecolec, Luis Moreno, principal cliente de López, aduce que López aún no ha sido condenado por un tribunal. “Todo lo que hace para mí lo hace con autorización ¿por qué debería cambiar? Auditamos las plantas con las que trabajamos”.

A pesar de que los SIG fueron creados “sin ánimo de lucro” según figura en sus estatutos, en 2010 estas entidades rompieron el mercado y la operativa tradicional se invirtió. Desde ese año, las plantas de reciclaje pagan por cada lavadora que los SIG transportan. Es decir, que el fabricante recibe dinero por el consumidor y al mismo tiempo su sistema integral de gestión (SIG) cobra cinco euros por cada lavadora vieja cuando esta se convierte en residuo. Es un círculo perfecto de doble dirección y doble ingreso.

Fuentes de la fiscalía explican la razón de las irregularidades detectadas en multitud de plantas. “Un frigorífico cuesta más de 40 euros y machacarlo (sin extraerle antes los gases contaminantes) cuesta tres euros. Una vez hecho nadie se entera (…) Hay mucho dinero en juego y es un compañero de viaje peligroso”.

Andalucía ‘olvida’ una multa de 122.000 euros a los fabricantes durante tres años

La Junta de Andalucía ha retrasado el cobro de una multa de 122.000 euros impuesta a Ecolec, el mayor sistema integral de gestión, por falsear la información de los residuos gestionados e incumplir la recogida selectiva de aparatos, tal y como le obliga la ley. El Ejecutivo autónomo publicó la sanción (rebajada desde la cuantía inicial de 143.000 euros) en el Boletín de la Junta de Andalucía (BOJA) el 16 de abril de 2012, pero el cobro no se ha ejecutado hasta hoy. ¿Por qué? La razón sigue siendo un misterio porque la Consejería de Medio Ambiente, que debía ejecutar el cobro de la multa a través de Hacienda, no encuentra una explicación. “No lo sé. Entiendo que pasó al ámbito de la secretaria general técnica. Lo lógico es que le hubieran exigido el pago de la multa”, alega el ex director general de Calidad y Prevención Ambiental Jesús Nieto, responsable de la multa.

Tras la sanción, Ecolec recurrió y logró rebajarla, pero luego la Junta andaluza olvidó cobrar el dinero. El pasado enero uno de los socios de Ecolec, el fabricante LG, reclamó al Ejecutivo autónomo un certificado para demostrar que no había cobrado la multa, ya que había pagado de manera preventiva a Ecolec una provisión de fondos y quería recuperarla. LG abandonó Ecolec por los problemas de una gestión turbia que arrastraba la anterior gestión de José Ramón Carbajosa. Y gracias a este solicitud de LG, la Consejería se percató de la sanción impagada y hace solo 15 días la ha reclamado antes de que prescriba, ya que la ley le otorga tres años, que cumplen dentro de una semana. Este alarmante retraso ha provocado incluso un cambio interno en dicha Consejería para evitar que los impagos se repitan en el futuro.

Los SIG intentan eludir el control de su gestión desde las Gobiernos regionales, y por eso han recurrido ante la jurisdicción contencioso administrativa el Reglamento de Residuos que impulsó la Junta de Andalucía en 2012, norma que obliga a estas entidades a presentar informes anuales sobre su gestión con una auditoría externa independiente.

Junto a la Junta andaluza, la Generalitat catalana ha perseguido la patente dejación de funciones desde los SIG, y ha multado a cuatro de ellos. Ecolec acapara la mayor sanción por incumplir los objetivos de recogida por un total de 300.000 euros, rebajada a la mitad. “El objetivo no es multar, sino que la gente cumpla. Hay que multar los incumplimientos pero también bonificar las buenas prácticas. Los SIG han dado cifras y cuando no han cuadrado hemos inspeccionado”, relata Josep María Tost, director de la agencia de residuos de Cataluña.

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